Otro de los grandes desafíos para el desarrollo de la ciudadanía digital en México es el que  apunta al insuficiente interés y conocimiento de los mexicanos sobre sus propios derechos,  entre otros factores relacionados con la llamada “calidad de la ciudadanía” y que afectan la  consolidación de la democracia. 

Sobre este asunto resultan ilustrativos algunos estudios realizados sobre el tema. Uno  de los más recientes, elaborado conjuntamente por ine y Colmex (2014), y que asume el  concepto de ciudadanía integral como aquella que accede a sus derechos cívicos, sociales,  económicos y culturales como un conjunto indivisible, se realizó con base en los seis ámbitos que a su consideración existen para el ejercicio de la ciudadanía en México: “el estado  de derecho y acceso a la justicia; la vida política, la sociedad civil, la vida comunitaria, los  valores y el acceso a bienes demandados por los ciudadanos” (ine y Colmex, 2014: 5). 

No es posible exponer aquí los interesantes hallazgos del estudio citado; basta con mencionar, por ejemplo, que el informe registró la falta de confianza de la población en el otro,  así como en la autoridad (principalmente con las instituciones encargadas de la impartición de la justicia). Asimismo, la investigación identificó la resistencia a organizarse con  otros en la búsqueda de incidir en las decisiones del ámbito público, como también el desencanto por los resultados conseguidos hasta ahora por la democracia en el país, en paralelo  a una desvinculación social en entornos que vayan más allá de la familia o los vecinos (ine y Colmex, 2014: 8). 

Entre las conclusiones a las que arribó dicho informe (mismo que ha sido interpretado  como una suerte de diagnóstico de la calidad de la democracia en México), varias apuntan  a un proceso incipiente de ciudadanización y, por ende, de democratización en el país, en  donde faltan las condiciones necesarias para la consolidación de la democracia. 

Otros resultados significativos relacionados con la problemática son los arrojados por  el estudio Ciudadanía en México. ¿Ciudadanía activa? (2016) y que resultan reveladores.  En dicha investigación Somuano y Nieto señalan que tanto los análisis cuantitativos como  el complemento cualitativo del mismo “[...] demuestran que la idea de ciudadanía en Mé 

xico no tiene que ver con el ejercicio de un derecho a participar y exigir resultados, sino  con cumplir con la ley, votar y pagar impuestos” (2016: 71). 

Asimismo, se puntualiza que en el caso mexicano, más que un ejercicio activo, ser ciudadano “parecevivirse […] como una actividad reactiva y coyuntural. Ser ciudadano no implica, así, una activación e involucramiento en la esfera pública. Más aún, la evidencia  indica que para muchos mexicanos la ciudadanía se define en oposición a lo político. Lo político, por su parte, se percibe como lejano, corrupto y que merece poca confianza” (Somuano  y Nieto, 2016: 71). El estudio también hace énfasis en la “desvinculación” de los mexicanos,  que “se refleja en la bajísima pertenencia a asociaciones y porque dos tercios de ellos no disponen de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para acceder a  la justicia, al gobierno o a recursos políticos o comunitarios” (Somuano y Nieto, 2016: 72). 

Una de las conclusiones más significativas de dicho análisis hace ver que más bien los  mexicanos son ciudadanos “generalmente pasivos y reactivos”, y que cuando participan, lo  hacen preferentemente “por razones altruistas y de manera coyuntural o individual” (So muano y Nieto, 2016: 74). 

Por otra parte, los hallazgos de otro análisis, realizado por el Instituto de Investigaciones  Jurídicas de la unam en 2016, se corresponden con algunos de los resultados arriba mencionados: 56.1 % de los ciudadanos entrevistados dijo “conocer poco” sobre los contenidos  de la Constitución de la República, y 52.7% incluso desconoció el año que fue aprobada  (Fix-Fierro, Flores y Valadés, 2016: 2). El estudio reveló que “la democracia mexicana está  cimentada sobre una frágil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza ante las instituciones”. A ello, se puntualiza, se añaden factores como la desigualdad y la exclusión, “que  amplían las diferencias entre los diversos sectores de la sociedad” (Fix-Fierro, Flores y Valadés, 2016: 4). 

Ese déficit de conocimiento de la población sobre las disposiciones a nivel general de la  Constitución bien puede ser extensivo a los correspondientes “derechos digitales”, de particular importancia tratándose del desarrollo de la también llamada nueva ciudadanía. 

Como documenta Gómez Durán (2017), los movimientos que fueron pioneros en el tema  en el país —#InternetNecesario y #Acta— surgieron por iniciativa de ciudadanos que formaban parte de la incipiente comunidad digital, en momentos en los cuales en México no  había aún organizaciones civiles que abordaran el tema, respecto a otros países latinoamericanos donde ya existían desde los primeros años del siglo xxi. Sería tardíamente, señala  Gómez Durán, cuando a partir de ciertas disposiciones de la “ley secundaria” de la reforma  de telecomunicaciones que causaron inquietud (entre ellas, la relacionada con la “vigilancia” de los usuarios), como se detonó el interés por el asunto y se organizaron colectivos  varios que generaron proyectos para el uso de herramientas de protección e incidencia en  el entorno digital (2017: 18). 

Sin embargo, a pesar del crecimiento registrado de organizaciones civiles interesadas en  las problemáticas de los nuevos escenarios digitales, su influencia sobre el rumbo establecido para el tema no fue suficiente: a pesar de sus esfuerzos, las organizaciones no pudieron  impedir la aprobación y puesta en marcha de varias normas de la nueva ley contrarias al interés público y al ejercicio de los derechos en el ciberespacio.

A pesar de ello, en el marco del nuevo campo de acción de la defensa de los derechos  humanos en el entorno digital fueron surgiendo otras formas de organización y ciberactivismo innovadoras, en busca de visibilizar o fortalecer entre la ciudadanía el análisis de  datos y la seguridad digital, entre varios temas. El análisis citado registra el surgimiento de  algunas otras organizaciones más, dedicadas a trabajar en pos del acceso al conocimiento o  la difusión del software libre, la autoformación y el acercamiento crítico a la tecnología y la  “autodefensa digital”, con prácticas seguras para navegar en la red (Gómez Durán, 2017: 19). 

El mayor obstáculo en este proceso se localiza en que, si bien las nuevas normas emanadas de la Reforma de Telecomunicaciones suscitaron la creación de nuevos frentes y el  surgimiento de actores y espacios para la defensa de los derechos humanos en los entornos  digitales, esa inquietud no se ha propagado de manera patente en otros sectores de cibernautas, poco enterados de las problemáticas mencionadas o lejanos a las visiones críticas  sobre sus propias prácticas, o incluso de los riesgos que implican. 

En consecuencia, desde la perspectiva de este trabajo, uno de los mayores retos para  el desarrollo de la ciudadanía digital en México es la necesaria construcción de una masa  crítica entre los cibernautas sobre el conocimiento de las cuestiones que les involucran o  afectan, entre cuyas resultantes habrá de figurar la necesidad de articularse y generar organizaciones que participen en la discusión sobre el tema, con impacto en la formulación de  las políticas públicas sobre este tema que respondan al interés de esa comunidad emergente.