Al cerrarse lo que Lorenzo Meyer (2005) llamó como el “primer sexenio de la democracia”, el viejo partido de Estado se mantuvo como la organización política dominante, ante el desánimo de amplios sectores de la sociedad mexicana, cuyo esfuerzo e impulso no fueron suficientes para modificar el “secular carácter autoritario de la estructura de poder”. Eran los momentos en los cuales emergió en el país una “auténtica”, aunque incipiente sociedad civil (Meyer, 2005: 14).
En 2006, luego de una controvertida contienda electoral, México se vio sacudido por la crisis del 2008-2009, con epicentro en los Estados Unidos y que conllevó un proceso recesivo, el cual fue encaminado a los esfuerzos por restructurar el orden capitalista. El país atravesó esa etapa con grandes dificultades. En el diagnóstico de Rolando Cordera (2015), ello ocurrió sin buscar un cambio que condujese a la economía a una posición menos vulnerable; por el contrario, se mantuvo el esquema y surgieron señales de mayor debilidad estructural. De hecho, a partir de entonces el crecimiento económico nacional sería inferior al de los años previos a esa gran recesión mundial.
El año 2009 fue el momento en el cual aparecieron en el panorama las primeras experiencias claras de ciudadanía digital de que se tiene registro en el país. Entre mayo y junio de ese año, con motivo de las elecciones intermedias que se avecinaban, sin representar a ningún partido político, varios ciudadanos comenzaron a discutir en Twitter el asunto de la anulación del voto como opción para los comicios (a través del hashtag #votonulo). En ese año también fue especialmente significativo, el movimiento #Internetnecesario, que ar ticuló a organizaciones civiles y usuarios para demandar que no se aplicará un impuesto de 3 % a los servicios de telecomunicaciones, en el que se incluía a la Internet.
De acuerdo con Vega y Merino (2011), quienes documentaron desde una visión esperanzadora aquellas expresiones iniciales, aun cuando a partir de las mismas no puede atribuirse a la utilización de Twitter el surgimiento de “nuevas formas de participación política no tradicional en México”, sí puede afirmarse que su “uso estratégico se ha convertido en uno de sus mayores promotores” (Vega y Merino, 2011: 262). Destacaron asimismo ex presiones como #guarderiaABC, #ACTA y #matrimonioDF.
Si bien, de acuerdo con Natal, Benítez y Ortiz (2014), algunas de esas primeras experiencias “no lograron convencer a una masa crítica suficiente”, el hecho es que revelaron a la sociedad mexicana el potencial de las plataformas digitales para difundir información, visibilizar sus demandas, construir opinión pública y facilitar la organización y movilización ciudadanas (2014: 28). Como se hace ver en la parte final de este trabajo, tiempo después la sociedad mexicana daría pasos adelante en ese sentido.
En efecto, en el ambiente de la elección presidencial de 2012, como documenta Cordera (2015) el debate entre los candidatos apuntó a la activación de medidas para el fortalecimiento de las capacidades productivas a partir de la inversión, la reforma del presupuesto público y el impulso de los ordenamientos productivos nacionales, con el fin de estimular la formación de capital y el aumento de las exportaciones, así como sobre la necesidad de poner en marcha un gran rescate social para enfrentar la desigualdad y la pobreza, mejorar los servicios sociales y en general, para impulsar el dinamismo del mercado interno.
Desde la perspectiva de este trabajo, fue en el contexto de esos momentos iniciales de lo que Meyer denominara “la construcción y consolidación de un nuevo sistema democrático” (2005: 8), etapa de la que formaba parte la contienda electoral ya mencionada, en donde se ubican los primeros indicios del surgimiento de la ciudadanía digital en México.
Ciertamente, en plena campaña electoral, las desafiantes declaraciones del candidato del pri a la presidencia, Enrique Peña Nieto, detonaron la aparición del movimiento #Yo Soy132, organizado desde las redes sociodigitales, con Twitter como principal herramienta. Entre sus reclamos se encontraba la demanda de mayor pluralidad y diversidad en el sector de medios y telecomunicaciones, por lo que el movimiento recibió apoyo creciente por parte de sectores de la sociedad mexicana inconformes con el camino que estaba tomando la contienda electoral, que culminó con el retorno del pri a la presidencia de la República. Esa etapa fue el momento político en el cual las plataformas digitales se estrenaron como espacio, ya fuese meramente propagandístico o para el intercambio de opiniones en la red, en ocasiones fundamentadas y en otras, estridentes.
Surgido en YouTube en mayo del 2012, el movimiento #YoSoy132, como puntualiza Meneses (2015) se extendió a Facebook y Twitter e irrumpió no sólo en la agenda informativa, sino también “[…] en la cobertura de la televisora más importante del país y en la confección de la agenda de los partidos, sino que probablemente —pues resulta difícil probarlo— in fluyó en la intención del voto, aunque sin lograr modificar los resultados finales” (2015: 40).
En ese episodio, el sector de jóvenes participantes (urbanos, con formación universitaria y con preferencia de las redes sociales sobre los medios tradicionales), de acuerdo con la autora mencionada, “en una clara reivindicación de identidad”, con sus propios medios, necesidades y competencias digitales “desafiaron a la autoridad y al discurso dominante de los medios tradicionales” (Meneses, 2015: 60). El hashtag en Twitter #YoSoy132 se consti tuyó en su referente de pertenencia, así como en punto de interacción entre los entornos offline y online.
Entre los avances más significativos de ese movimiento social se registró el primer de bate político en México organizado por ciudadanos. Con un formato distinto al de los dos encuentros organizados por el Instituto Federal Electoral (ife), dicho evento político fue transmitido por YouTube y retransmitido por emisoras gubernamentales y universitarias el 19 de junio de 2012.
En los inicios del gobierno 2012-2018 el panorama era conflictivo, tanto en el ámbito interno como externo. En el marco de la restructuración capitalista global, el gobierno entrante refrendó el compromiso para sostener en México el modelo económico neoliberal. Si en el plano económico el deterioro era evidente, en lo político la situación tampoco era favorable, en tanto el regreso del pri al poder, como ya se mencionó, era impugnado por considerables sectores de la ciudadanía.
Desde los primeros días en la presidencia, Enrique Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso una serie de iniciativas cuyo objetivo era el de llevar al país a un mayor crecimiento económico y con equidad social. En el 2013 ese discurso fue el motor de once iniciativas, traducidas en el mismo número de reformas estructurales, presentadas como impulsoras de una nueva etapa de desarrollo para el país. Algunas de esas reformas fueron especialmente controvertidas. Fueron los casos, por ejemplo, de la energética, la educativa y la del sector de telecomunicaciones.
A pesar de ello, las promesas de las reformas estructurales y el hecho de que en algunas de éstas se incorporaron ciertos asuntos y propuestas que por largo tiempo fueron materia de demandas de las organizaciones de la sociedad civil, facilitó al gobierno conseguir un ca pital político suficiente para lograr el aval de los principales partidos para que suscribieran el Pacto por México, acuerdo mediante el cual aquellos aprobaron las modificaciones constitucionales involucradas por las reformas, al tiempo de 95 compromisos a cumplir “para avanzar en la gobernabilidad nacional” (Pacto por México, 2012).
Después de la firma del pacto, el cual recibió amplio respaldo por los distintos partidos políticos, el poder ejecutivo envió al Congreso la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Luego, con cambios que en varios casos fueron resultado de las presiones de los consorcios sobre el poder legislativo, la iniciativa fue aprobada por el Congreso sin fricciones. Entró en vigor el 11 de junio de 2013.
Entre los aspectos de dicha reforma son de destacar los relacionados con el reconocimiento y/o establecimiento de nuevos derechos ciudadanos (derechos digitales), entre los cuales resaltan los de libre acceso a la Internet y banda ancha; el derecho de integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los que corresponden a las audiencias.
La reforma constitucional suscitó una amplia controversia. En tanto para algunos sectores respondía auténticamente a un proyecto y visión de Estado en el tema, para otros se dirigía más a garantizar y posibilitar el tránsito de los consorcios que dominaron la radio y la televisión durante el siglo xx hacia los nuevos espacios digitales, con una renovación del acuerdo de apoyo mutuo entre el sector más poderoso de la industria mediática del país y el grupo político en el poder.
Al año siguiente, el ejecutivo envió al Congreso la “ley secundaria” correspondiente, es decir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftyr), reglamentaria de la reforma constitucional. El proyecto para esa nueva ley fue recibido con desconcierto y preocupación, puesto que además se alejaba de varios de los principios fundamentales de aquélla, la reforma constitucional, era contradictoria con otros y hasta omisa con varios más. Incluso, se le consideró atentatoria de varios derechos sociales relacionados con las tic. Ante los retrocesos que con respecto a la Reforma Constitucional del 2013 significaba la lftyr, sobre todo en cuanto a derechos sociales, desde la red surgió un movimiento oposItor a dicha norma legal. En abril del 2014, de acuerdo con el registro del portal de noticias Sin embargo, un grupo de activistas digitales y organizaciones sociales nacionales y extranjeras solicitó al Congreso que dictaminase la iniciativa ciudadana denominada “Ley para Garantizar el Acceso Libre a la Internet” presentada al Congreso en el 2013 por la agrupación Contingente MX y que, en paralelo, desechase la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto el 23 de marzo de 2014, en tanto constituía “un atentado en contra de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la Internet” (Rosagel, 2014). El documento #DefenderInternet, entregado por los activistas y organizaciones, suscrito por organizaciones internacionales por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de acceso a la Internet en México, establecía que la iniciativa presentada por el presidente “[…] busca menoscabar los cambios constitucionales aprobados en junio del 2013. Esos cambios constitucionales, basados en una participación social y política sin precedentes, garantizaban algunos derechos humanos como irrevocables […] entre ellos libertad de ex presión, privacidad y acceso tanto a la información como a sus tecnologías” (Rosagel, 2014). La iniciativa incluía, entre otros aspectos, la supervisión de la neutralidad de la red, la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización y la retención de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones.
#DefenderInternet señalaba también que “La iniciativa de Peña Nieto pone en riesgo todos esos derechos. Las reformas que propone no respetan el derecho de acceso a la in formación y al contrario atacan la libertad de expresión, la neutralidad de la red y el acceso a información plural y oportuna a través de la Internet” (Rosagel, 2014) Se hacía ver, asi mismo, que ese proyecto también autorizaba al Estado a censurar la Internet por medio de la restricción de acceso y publicación de contenidos, sin necesidad de una orden judicial. Fue así como expertos, organizaciones y activistas por los derechos digitales manifestaron que la iniciativa de lftyr representaba un retroceso en la garantía de los derechos digita les. Con el hashtag #EPNvsInternet, que pronto se convirtió en trending topic (tt), hicieron extensiva su demanda de que las regulaciones respectivas fuesen modificadas.
Como anota Gómez Durán (2017), fue en ese contexto donde surgió la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que se interesó en las implicaciones de la multicitada iniciativa para los usuarios de las telecomunicaciones, sobre todo en temas como la vigilancia en las comunicaciones (2017: 18). Si bien la acción colectiva emprendida logró la modificación de los artículos 145 y 146 de esa propuesta legislativa (relacionados con la neutralidad de la red), no fue muy lejos en temas como el de la vigilancia en tiempo real de las comunicaciones y la geolocalización. Incluso, en el litigio que con relación a lo anterior promovió
R3D, y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), en mayo de 2016 dicha instancia validó que las empresas de telecomunicaciones puedan retener por un lapso de dos años un registro masivo de las comunicaciones y el historial de geolocalización de los dispositivos. No obstante, para el acceso a dicha información se tuvo que añadir el requisito de contar con una orden judicial, como exigían las organizaciones. Aun cuando fue patente la influencia del poder mediático en su vinculación con los intereses gubernamentales, y a pesar de las irregularidades cometidas en detrimento del proceso legislativo y de los argumentos fundamentados de numerosos legisladores y las protestas ciudadanas, el dictamen correspondiente fue aprobado el 8 de julio de 2014. Exponer un análisis más a detalle de las reformas mencionadas rebasa los límites de este espacio; sin embargo, puede decirse que, aun cuando se incorporaron en la letra algunas de las demandas de las osc del país o se modificaron algunas normas en respuesta a éstas, ambas reformas fueron ante todo un instrumento que, sin tocar las raíces ni impulsar verdaderamente un escenario más democrático para la comunicación nacional, tuvieron como fin el de actualizar a la luz de las coordenadas de la convergencia el andamiaje jurídico respectivo, para facilitar a los grandes consorcios de los medios electrónicos el paso a los escenarios digitales, y en paralelo con ello, apuntalar al sector de telecomunicaciones y tic, de primera importancia para la economía.
Otro hito importante en el desarrollo de la ciudadanía digital en el país, y registrado en un ámbito muy diferente de aquel en donde se produjeron las experiencias antes señala das, fue la expresión ciudadana surgida con motivo de los desastres causados por el sismo de septiembre de 2017 y que afectaron a un vasto número de habitantes, tanto en la capital del país como en muchas otras ciudades, entidades y regiones cercanas a ella.
En medio de una situación de emergencia que requería de apoyos múltiples, ya sea de ayuda a corto plazo para el rescate de personas atrapadas por los derrumbes, o bien para la aportación de víveres, medicinas y otros requerimientos básicos para la sobrevivencia de los damnificados, las redes fueron, para los grupos que contaban con el capital informacional suficiente para organizarse a través de las redes, un útil recurso de articulación de fuerzas.
Una investigación específica sobre el tema, elaborada por Eva Salgado (2018), mostró cómo la población encontró en las redes sociodigitales una valiosa herramienta para la organización solidaria y espontánea, la creación de redes colaborativas (capaces de enfrentar la oleada de fake news) y la expresión de la identidad colectiva, además de hacer visible el latente malestar social frente a la injusticia y la corrupción.
El 19 de septiembre de 2017, luego de que desde al despuntar del día se había reme morado el evento telúrico de 1985 y promovido un ejercicio de simulacro mediante el hashtag #SimulacroCDMX, un fuerte sismo sobrevino pocas horas después. En su estudio, Salgado (2018) señala que si bien WhatsApp sería el principal medio de comunicación entre los capitalinos durante aproximadamente tres horas luego del evento telúrico, al
paso de las horas y a partir de la necesidad de entrar en contacto con familiares y amigos, Twitter se convertiría en la red más importante, debido a que las comunicaciones interpersonales en círculos privados fueron desplazadas por las interacciones colectivas, que construyeron en la red numerosos hashtags o etiquetas que impulsaron una movilización social solidaria.
Convertida en útil herramienta para coordinar la ayuda espontánea, los hashtags funcionaron como espacios de información sobre las necesidades específicas del caso en diferentes zonas de la ciudad o incluso fuera de ella: #AquiSeNecesita o #AquiNecesitamos fueron la señal con la cual se procuraba distribuir de forma equitativa la ayuda solidaria. Ambos has htags figuraron como Trending Topic (tt) por un largo lapso.
La investigación referida reporta asimismo que, “además de todas las experiencias que trajo consigo el uso de las redes también se hizo visible el riesgo de la desinformación, principalmente por medio de WhatsApp, y en menor medida, Facebook” (Salgado, 2018: 17). Ello debido a que el clima de inquietud, aunado a los datos erróneos o desactualizados sobre las condiciones del momento contribuyeron a la proliferación de fake news. Frente a tales circunstancias, se puntualiza, “se registraron importantes iniciativas ciudadanas que, valiéndose de las propias redes que habían contribuido a la desinformación, pusieron en marcha estrategias para prevenirla” (Salgado, 2018: 17).
Destacó en este sentido la plataforma digital #Verificado19S, diseñada para confirmar y organizar la información sobre el desastre en tiempo real, por medio de mapas interactivos y una base de datos colaborativa que permitió corroborar los datos sobre aspectos específicos del colapso (edificios en riesgo o requerimientos de los centros de acopio). Los días inmediatos al sismo, #Verificado19S figuró como tt.
Otras estrategias significativas de redes colaborativas fueron #RevisaMiGrieta (creada para asistir a quienes estuviesen en riesgo por daños en viviendas o lugares de trabajo), así como las creadas para reanimar la solidaridad, identidad y ánimo social frente a las consecuencias del evento telúrico. Tales fueron los casos de #FuerzaMexico y #MexicoEstadePie, frecuentemente utilizadas para acompañar mensajes de organización en tareas de rescate y apoyo. Por último, es interesante señalar, que por haber sido impulsado por iniciativas individuales y colectivas, Salgado equipara en términos de trascendencia social el caso de #Ve rificado19S con el movimiento #YoSoy132, originado en el marco de las elecciones del 2012.
Luego de esos significativos momentos de aprendizaje de grupos de la sociedad mexicana en sus usos y apropiación de las redes para salir eficazmente al paso de emergencias y necesidades sociales, el proceso electoral del 2018 vendría a constituir otra oportunidad para la expansión de la ciudadanía digital en México.
Ello ocurrió en el contexto del cúmulo del descontento social de amplios sectores del electorado frente a la situación del país, en paralelo a la inclinación de otros hacia una perspectiva política antisistémica, en particular en cuanto a los candidatos a la presidencia de la República.
Vale destacar la cuantiosa participación de usuarios que como generadores de distintos tipos de mensajes (memes, videos, textos y materiales audiovisuales varios) y con considerable ejercicio de lo que Morales y Loyola (2013) ha denominado apropiación tecnomediática, respondieron con toda oportunidad, ya sea con humor o ironía los mensajes de la propaganda partidista o de los usuarios contrarios a sus respectivas ideas. El teléfono celular fue la herramienta que permitió a miles de ciudadanos expresarse y difundir sus puntos de vista a múltiples contactos, por propia iniciativa y a través de sus propios recursos. Fue así como, al edificar una plataforma horizontal de comunicación en la red, esos miles de cibernautas protagonizaron otro momento más de despliegue de la ciudadanía digital en el país. Mas ese episodio no terminaría con el 2 de julio de 2018, dado que a partir de entonces, con las medidas aplicadas por el nuevo gobierno, algunas de ellas polémicas para ciertos ámbitos sociales y políticos, se registraría una continuada secuencia de participación de los usua rios, con la discusión de temas y asuntos de interés público que han conducido a la creación de múltiples hashtags, trending topics y de una diversidad de contenidos con impacto en la opinión pública, e incluso en el quehacer periodístico.
Las modalidades de interacción y expresión generadas por la incipiente ciudadanía digital, enclavada en las comunidades virtuales, son múltiples e incesantes. Durante los últimos años y meses se ha registrado una larga secuencia, entre otras, de las prácticas arriba mencionadas (muchas de ellas relacionadas con temas políticos) que han alcanzado una significativa visibilidad y que sería extenso referir aquí. Baste con señalar que, aun cuando distan de constituir ejercicios al alcance de la mayoría de la población, representan un reflejo del vivo interés de una significativa porción de la ciudadanía por defender sus derechos y participar en la nueva esfera pública compuesta por la Internet. Puede considerarse que tales experiencias representan un ascenso en el desarrollo de la ciudadanía digital en el país.