Hacia el final de la segunda década del nuevo siglo, la situación de México es compleja y difícil, al punto de haber llevado al país al momento más arduo de su historia reciente. No existe cuestión nacional alguna donde no hayan situaciones críticas, que van desde el desempleo hasta las expresiones de violencia, la expansión del crimen organizado y la generalización del malestar social. Tal situación, como señala Cordera, se refleja en “dimensiones y magnitudes sin precedente en la realidad cotidiana del país” (2015: 16).
Como se sabe, las directrices económicas bajo las cuales se ha puesto a funcionar al país en las últimas décadas han sido las del modelo neoliberal. Instaurada hace más de treinta años, en medio de una creciente deuda externa, inflación y empobrecimiento social (problemas detonados por el agotamiento de los patrones de acumulación de la posguerra y las necesidades de restructuración capitalista), la política en esta materia fue orientada hacia los principios de un reordenamiento económico asociado a un proyecto político de gran magnitud, con el Fondo Monetario Internacional (fmi) como epicentro. A partir de ello, en la economía mexicana se pusieron en marcha, entre otras medidas, las políticas de liberalización, privatización y desregulación.
En cuanto al papel del Estado, para Valenzuela (1991) el ordenamiento instaurado pretendía conferirle un rol subsidiario, con reducción del gasto público de las empresas estatales y finanzas públicas equilibradas. Básicamente, se establecía la reducción del tamaño y la acción del Estado en la economía, para trasladar el énfasis al mercado, en especial el internacional.
Por supuesto, tales medidas alcanzaron a las industrias culturales del país, que hubieron de enfrentar grandes cambios; ello, aunque en un primer momento se tendió a fortalecer y ampliar la participación gubernamental en ese ámbito, aunque sin afectar a los medios electrónicos comerciales. Ese esquema, subraya Valenzuela (1991), estaba asociado al plano de la recuperación económica y de restructuración global impulsado por los sectores dominantes norteamericanos, los cuales, más allá del discurso en favor de la libre competencia, estaban interesados en la regulación oligopólica.
En la dimensión política, ese imperativo de elevar la capacidad material de acumulación del sistema económico se correspondió con una tendencia hacia el autoritarismo que se re flejaba, entre otros acontecimientos significativos, en procesos para la elección presidencial en los que invariablemente los triunfadores fueron los candidatos del Partido Revoluciona rio Institucional (pri), quienes además contaban con el apoyo de los legisladores de dicho partido en el Congreso.
Cabe resaltar que, como puntualiza Sánchez (2005), tales sucesos se producían en el con texto de “una estructura de propiedad y control de los medios en México, en especial los electrónicos, altamente concentrados y centralizados, no muy propicia para la democracia participativa, informada, deliberativa, plural” (2005: 8), así como en medio de una relación de concesionarios de los medios-gobierno simbiótica e incluso de subordinación abierta de los primeros hacia el segundo.
A lo largo de los años siguientes, subraya el autor mencionado, se profundizó el modelo económico neoliberal en México; sin embargo, a la liberalización del mercado no le correspondió una liberalización política; es decir, no hubo interés suficiente para impulsar la democratización nacional. En esa tarea, el grupo en el poder fue apoyado por los medios electrónicos, agrupados de manera primordial en unos cuantos consorcios.
Eran los tiempos en los que en dichos espacios, prevalecía la versión oficial de los acontecimientos nacionales y la falta de perspectivas críticas sobre los mismos, sobre todo en la televisión. En el 2000, por primera vez en la historia moderna de México ascendió a la pre sidencia de la República un candidato proveniente de un partido político distinto del pri. Aparecía así en escena un régimen político de alternancia, que suscitó esperanzas para la democratización nacional.
No fue así. Como subraya Lorenzo Meyer (2005), Vicente Fox no sólo dio continuidad al modelo económico seguido hasta entonces, sino también a la falta de sanciones a la corrupción y a los crímenes políticos cometidos años atrás. La impunidad autoritaria había quedado intacta.
Por otro lado, el arribo del nuevo milenio había sorprendido al país (sumido aún en los impactos de las crisis de la década de los noventa) sin una política clara y acorde a las necesidades y condiciones nacionales para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic), que vertiginosamente se posicionaban en un sitio relevante de la economía mundial.
Tal déficit ocurría en el contexto de la progresiva aplicación de las políticas para las tele comunicaciones y las tic en el país (con la liberalización, la privatización y la desregulación como las emblemáticas). Instauradas a partir de la segunda mitad de los ochenta, con la propia implementación del esquema neoliberal, que conllevó a un repliegue del Estado como operador y directriz para el desenvolvimiento de ese sector, las nuevas políticas orientaron el funcionamiento de éste hacia las coordenadas de la libre competencia. Había quedado atrás la etapa del Estado Rector, que prevaleció durante aproximadamente cincuenta años y a lo largo del cual se generó un cuerpo regulatorio relacionado con las dependencias y empresas gubernamentales prestadoras de los servicios básicos en la materia. En la primera década del nuevo milenio, bajo dichas políticas y en el contexto de la dominancia erigida en la segunda mitad del siglo xx de las empresas de tv en el escenario mediático nacional, se hizo visible el propósito de articular el sector de telecomunicaciones y tic al esquema de acumulación vigente, en el marco de la etapa actual del largo proceso histórico del capitalismo, con el Estado como una figura de gestión funcional a ese propósito; incluso puede decirse que en ciertos momentos éste llegaría a simplificar su acción a la de administrador de los recursos objetivo de la acumulación de capital relacionados con el sector, entre otros, la rentabilización de los nuevos servicios convergentes, de particular interés para los consorcios mediáticos, así como de telecomunicaciones que operan en el país. Convertido ese propósito en estratégico para las grandes empresas, a lo largo de los últimos veinte años ha sido patente el empeño de los actores empresariales de mayor envergadura por influir en las políticas del sector, y hasta intervenir en la construcción de las bases jurídicas necesarias para hacer efectivo el proceso de reproducción y acumulación económica del capital en los nacientes escenarios digitales (un caso fehaciente al respecto fue el del cuerpo legal conocido como la ley Televisa, promulgada en el 2006). Fue así como, con todo y los frenos impuestos a ese propósito y los insuficientes acotamientos legales del nuevo marco legal del 2013 y 2014 (como parte de la llamada “Reforma de Telecomunicaciones”), la estructura de concentración precedente no sólo fue preservada, sino que fue transferida a las industrias mediáticas digitales emergentes. En tanto, como señala Bizberg (2007), con el arribo de la alternancia la sociedad civil encontró espacios que no existían en la época del pri, en tanto el pan y el prd promovían una mayor participación de ésta, aunque sin contar con un aparato organizacional ni capacidad administrativa para su impulso. Por su parte, señala Bizberg, el gobierno de Vicente Fox pretendió mostrar que contaba con una política social e intentó legitimarse por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), intentando crear en su seno un equilibrio entre organizaciones progresistas y conservadoras. Sin embargo tales hechos, precisa Biz berg (2007: 796) tuvieron un “impacto contradictorio sobre las organizaciones” en tanto sus actividades y propósitos fueron integrados al gobierno o la política y, aunque muchas de aquéllas “se mantuvieron autónomas frente al poder político y ejerciendo presión para lograr avances en la construcción de instituciones democráticas y espacios para la acción de la sociedad civil”, otras “se debilitaron como organizaciones civiles y se acentuaron sus divisiones”.