Revertir la brecha digital se presenta hoy como otro de los grandes obstáculos para el desenvolvimiento de la nueva ciudadanía en México. Más allá de la numeralia periódicamente  difundida por consultoras o consorcios de telecomunicaciones sobre el incremento de internautas en el país, y que hacen aparecer un panorama excesivamente optimista sobre el  avance de ese proceso, el análisis más a fondo del problema revela no sólo la persistencia de  la brecha digital en México, sino también el despliegue de facetas y expresiones de inequidad. Es posible apreciar lo anterior a partir de unos cuantos datos. 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en  Hogares 2018 (inegi, 2019), documenta entre sus estadísticas más recientes que en el país  existe un total de 74.3 millones de internautas (equivalente a 65.8 % de la población) por lo  cual resulta que casi 46 millones continúan sin acceso, uso y apropiación de la red (inegi,  2019: 3). 

El sector con mayor proporción de usuarios de la Internet es el de 25 a 34 años, mientras que el de menor utilización es el de 55 años o más. Llama la atención que en el 2017 el  grupo de edad con mayor número de internautas fue el de 18 a 34 años de edad. 

Con todo y las favorables apreciaciones de consultoras y consorcios de telecomunicaciones, que enfatizan la notable expansión de la telefonía celular y el acceso a la red por este  medio, el uso de la Internet en México continúa siendo un fenómeno urbano. Se observa  que el crecimiento de internautas continúa aglutinándose en las grandes ciudades. La encuesta antes referida (inegi, 2019) también documenta con cifras las proporciones de esa  brecha digital interna que se ha ahondado: mientras que en las poblaciones urbanas la penetración de la Internet se ha incrementado en 71.3 %, en las zonas rurales el crecimiento  apenas alcanzó 40.6%. Se trata pues, de una cobertura desigual que no logró resolver el programa México Conectado, puesto en marcha por el gobierno 2012-2018. 

Como reflejan ésas y muchas otras cifras, a pesar de que las reformas constitucionales del 2013 garantizan el acceso universal a la Internet, así como a la integración a la  Sociedad de la Información y el Conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, con metas anuales y sexenales, tales derechos no se encuentran al alcance  de parte considerable de los ciudadanos, ya sea por la insuficiente conectividad disponible o debido a que vastos sectores sociales no cuentan con la capacidad financiera para  cubrir los costos de la utilización de las redes, las destrezas digitales necesarias para el  manejo de las tecnologías, la capacidad intelectual para el manejo de la información y la  habilidad para aplicar lo anterior a situaciones sociales, es decir, con el capital informacional, concepto acuñado por Hamelink (2000) como insumo básico para participar en  los espacios emergentes. 

Los rezagos en este tema relacionados con las desigualdades estructurales son múltiples,  dado que la brecha digital en el país aún se vincula con factores como el nivel socioeconómico (ingreso insuficiente para cubrir el costo de acceso), la educación, el género, la edad,  la etnia e incluso los de tipo sociocultural. 

Otra característica por considerar, de acuerdo con la encuesta citada (inegi, 2019), es  que sólo 52.9 % del total de hogares del país dispone de la Internet. Ante la imposibilidad  para acceder a la red desde sus viviendas, como señalan Muñoz y Merino (2017), los mexicanos de menores ingresos están sustituyendo con mayor rapidez que otros sectores el paso  de líneas telefónicas fijas a móviles. Este hecho explica en parte el relativo auge de la telefonía celular en el país (exhibido como indicador de desarrollo). 

Una faceta más con influencia en la naturaleza de esa nueva inequidad la constituye la  denominada por Castaño (2008) la segunda brecha digital, consistente en las diferencias  entre los internautas con relación a sus usos de la tecnología y que se refleja con claridad  en el capital informacional con el que cuenten los usuarios: mientras algunos de ellos reúnen condiciones que les permiten, por ejemplo, contar con un nivel alto de lo que Morales  y Loyola (2013) denominan apropiación tecnomediática, otros apenas alcanzan habilidades digitales básicas que les limitan en sus posibilidades de participación o de aplicación  de sus experiencias a prácticas sociales, mientras que por el contrario, algunos, además de tener dominio técnico y cognitivo, participan activamente en temas que les involucran utilizando las tic como herramienta. 

Así pues, el capital informacional, en sus diferentes niveles con el que cuentan los usuarios tiene impacto en el desarrollo de la ciudadanía digital en su conjunto. La Estrategia Digital Nacional (edn), propuesta por el gobierno 2012-2018 para enfrentar la brecha digital en el país, no parece haber modificado centralmente dicho problema.  Más allá de que tal programa, al igual que las acciones gubernamentales predecesoras no  arrancaron de un previo ejercicio valorativo de la situación en la materia, y con base en ello  definir sus líneas de acción, hasta el momento dicha estrategia no ha generado o difundido  datos suficientes que sugieran o reflejen su huella en la reducción de las diversas brechas  en el ámbito digital existentes en el país. 

Eso no es todo, la inclusión digital, el gran objetivo de las políticas en el tema, aparece en  la edn desdibujada, sólo considerada a nivel de los habilitadores, entendidos apenas como  “las condiciones necesarias para alcanzar las metas de la estrategia”. Es necesario considerar que, desde la perspectiva de las tic para el desarrollo, la inclusión digital se anota en  una meta superior: la inclusión social. En un México como el de hoy —donde campean las  desigualdades sociales— ese objetivo tendría que figurar como la piedra angular de la edn. 

Como se sabe, aun cuando en el país de la propia ciudadanía han surgido experiencias  significativas de apropiación tecnomediática que les han permitido hacer uso de las tic para  satisfacer sus necesidades, mientras persistan las brechas en los entornos digitales se corre  el riesgo de que las desigualdades antecedentes se profundicen. Por tales razones, el asunto  representa un freno para la construcción y desarrollo de la ciudadanía digital en el país.